Para tener contexto sobre el problema, es necesario leer esta nota de prensa del diario el carabobeño que cito a continuación:
“(…) el gremio de transportistas declaró paro técnico en el territorio nacional debido a la falta de repuestos e insumos que inhabilitan a más de 70% de unidades.”
Helo aquí, las unidades paradas causan estragos en el sistema de transporte público venezolano, el común lector sabe de qué hablo: grandes colas para montarse en los buses, entra la gente hasta que no cabe una aguja, incluso se forman peleas por ver quien va colgado en la puerta y quien se queda en tierra.
“Solo en Caracas circulan 20 mil unidades de transporte público, de las cuales 14 mil están paralizadas. La falta de respuesta del Gobierno Nacional llevó a los transportistas a reunirse con el ministro de Transporte (…)”
Pasamos a la ciudad de Caracas, donde el gremio presiona en el ministerio de transporte; resulta que el gobierno nacional se ha reservado el monopolio de la distribución de repuestos y consumibles. Coloca un precio regulado (es decir, menor al precio de mercado) para la venta final, con lo que se distorsiona el mercado e inevitablemente casi todo termina en una reventa del mercado negro, a precios mucho mayores.
“Se planteó también un aumento del pasaje urbano (a 600 bolívares) (…)”
En Venezuela tenemos una alta inflación, estimada en 1400% para el presente año 2017 según nota de prensa del diario el Nacional Aparte del control sobre insumos y repuestos, también tenemos un precio máximo para el servicio (contradictoriamente llamado “pasaje mínimo urbano”). Con lo cual el gremio no puede ajustar sus tarifas para tratar de abastecerse en el mercado negro, el único disponible para la mayoría. El precio del pasaje se fija por criterios políticos, y es siempre por debajo del que se obtendría en un mercado libre. Sin importar distancias, cantidad de usuarios, ni otras características de la ruta, y claro, sin coincidir con la inflación (generada desde el emisor de moneda, el mismo Estado).
“(…) las reuniones con el ministro no han mejorado la situación ya que “no hay dólares para el sector transporte, no es una prioridad” y que les ofrecen entre 900 y mil cauchos cuando la demanda mínima solo para Caracas es de 20 mil cauchos.”
Aquí encontramos otro problema relacionado: el control de cambio de divisas. El gobierno es el único proveedor legal de divisas, y las asigna con criterios políticos, no económicos. De nuevo se recurre al mercado negro para obtener dólares e importar lo necesario. La producción nacional es, a efectos prácticos, inexistente para la mayoría de los insumos y repuestos.
¿Cuál es la solución entonces? La mejor solución es corregir la mala intervención del Estado en el sector. En primer lugar, al Estado no le corresponde ser un proveedor del sector transporte. Se debe eliminar la compra con dinero público de repuestos, insumos e incluso las mismas unidades de transporte completas; hay que levantar ese monopolio y permitir que los transportistas sean quienes se encarguen de esas operaciones y tengan libertad de elegir a cualquiera de los proveedores mundiales o nacionales (por razones políticas el gobierno sólo adquiere unidades chinas). Además, el erario público sufre cuantiosas pérdidas al vender al bajo precio regulado.
En segundo lugar, hay que desregular el precio de las rutas de transporte, esto para poder cubrir el costo de lo mencionado en el párrafo anterior. Hay también un esquema de subsidios directos al transporte que ya está agotado. Con los ajustes mencionados ya no hay necesidad de mantenerlos. Tampoco hay que subsidiar el precio del combustible, asunto que merece un artículo aparte.
El tercer privilegio de los transportistas (aparte de los subsidios y el combustible casi gratis) es el monopolio sobre las rutas a las que sirven, la obligatoriedad de pertenecer a una cooperativa y otras muchas regulaciones burocráticas completamente innecesarias. Cada vez que escuche quejas sobre “autobuses piratas” estaremos ante la presencia del bachaqueo del transporte público, otro mercado negro que surge como alternativa o escape a los controles económicos ya señalados (incluidos los “privilegios”). Son éstos los que recogen pasajeros en sitios distintos a los designados, y cobran precios muy superiores al regulado; a veces son los únicos disponibles, sobre todo si uno tiene prisa; son más comunes en las rutas inter-urbanas.
El Estado concede estos privilegios para poder mantener los precios regulados. Estos elevan la barrera de entrada para nuevos transportistas que podrían subsanar la escasez, es decir, siempre hemos tenido menos busetas de las necesarias, siempre hemos tenido personas colgadas de las puertas; sólo que hoy se nota más por la situación coyuntural. Si se derriban estas barreras, ya no habría distinción entre conductores “piratas” y “legales”, todos pasarían a ser legales en tanto cumplan con los deberes fiscales comunes a todo ciudadano, más una cuota para el mantenimiento de las paradas y los terminales que aprovechen.
La idea es aumentar la oferta en el sector, y con ello el resultado serán precios intermedios entre el legal e ilegal. Sería normal colocar letreros con el precio en las ventanas de los buses, como en cualquier comercio. Así los pasajeros podrían elegir si se montarán o no en una unidad con un hueco en el piso, comparar precios distintos en la misma parada y ver una cara más amable al volante.
La tendencia sería (con el aumento de la cantidad de unidades) de un precio a la baja en el mediano plazo. Ya no habría necesidad de esa eterna pelea entre los transportistas y el Estado; ese tira y afloja cómplice entre la exclusividad de explotar una ruta y la imposición de no poder poner precio a tu trabajo. Atrás quedaría el maltrato a los estudiantes y ancianos (que pagan un precio regulado aún menor) pues ya lo dijo Montesquieu: “Que allá donde prepondera el comercio, las costumbres son dulces”. Para terminar, es prudente advertir que de no tomarse estas medidas, la situación seguirá empeorando, y sin transporte, un país no puede trabajar, y sin trabajo no hay comida.