Me parece una propuesta con buena intención, pero muy errónea en sus efectos. Es cierto que con ella se podría evitar en parte episodios de amiguismo, pero eso sólo se conseguiría siempre y cuando la empresa fuera mediática, porque en caso contrario pasaría desapercibida. Además, esto podría dar lugar (sobre todo viendo los bajísimos porcentajes de participación que se dan incluso en un partido como Podemos que hace de la participación ciudadana el eje de su acción política) a que empresas grandes utilizaran a sus trabajadores/adeptos/círculo social para dejar fuera de juego a empresas rivales. O incluso empresas que fueran próximas a un partido político determinado también podrían utilizar este sistema para anular a la competencia. En Valencia con el PP y en Guipúzcoa con Bildu ha habido en los últimos 2 o 3 años varios casos de adjudicaciones sospechosas de contratos; es obvio que si se implantara la posibilidad de vetar (mediante votación abierta) la participación de empresas en los concursos públicos, muy probablemente en Guipúzcoa el electorado de Bildu vetase (aunque no hubiera ninguna sospecha de corrupción contra ellas) las empresas rivales a la próximas a Bildu, y en Valencia el electorado del PP vetase a las empresas rivales de las que han participado en el modelo de clientelismo que hay allí con el PP desde hace más de 25 años. Y eso por no hablar de las implicaciones respecto a la solvencia técnica de las empresas.

Creo que hay otras maneras de extremar los controles contra el mangoneo en la adjudicación de obra pública como variar la composición de las mesas de contratación.