Declarar como Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) aquellos que se refieran a garantizar servicios y asistencia a los andaluces y andaluzas en condiciones de dignidad. En la coyuntura actual de crisis, no es concebible que determinados procedimientos que responden a necesidades básicas y esenciales se demoren. Una vez calificados como PEC estos procedimientos estarán sujetos a especificidades en materia prioridad presupuestaria y de planificación, de tesorería, de urgencia de plazos, de especial dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación, así como de obligatoriedad de acuerdo y colaboración entre Administraciones Públicas tramitadoras. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para establecer la figura del referéndum revocatorio. Éste podrá iniciarse con una moción ciudadana, una vez cumplimentada la mitad del mandato y solo se podrá ejercer una vez contra cargo electo. El referéndum revocatorio ratifica o revoca la representación cuestionada. Medidas para maximizar la transparencia y las herramientas anticorrupción en la administración pública (Multiplicar los medios y recursos de los juzgados con competencia anticorrupción, Asegurar la provisión de cuentas claras y abiertas, Facilitar la constitución de Comisiones de investigación en Parlamento sin posibilidad de veto). a. Anticorrupción Multiplicar los medios y recursos de los juzgados con competencia anticorrupción Anticorrupción -Multiplicar los médios y recursos de los juzgados con competencia anti corrupción -Generar instrumentos independientes de investigación y control de cargos políticos: -Unidad contra la corrupción: Crear una unidad especializada que facilite las acusaciones populares, así como la investigación en materia de corrupción: esta unidad estaría formada por un cuerpo de funcionarios/letrados sin jefaturas políticas y con total independencia funcional de la Administración de la Junta. -Oficina virtual del funcionario: que permitirá a los empleados públicos señalar irregularidades de forma anónima, teniendo las instituciones de control acceso ilimitado a los mismos. -Modificación de la figura del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas: para lograr mayor capacidad de persecución de acciones de las instituciones y mayor independencia, acentuando su carácter técnico, así como abrirla a la participación de la sociedad civil organizada y dotándolas de medios suficientes para ejercer un control efectivo sobre las cuentas de todos los organismos públicos de Andalucía. b. Transparencia Asegurar la provisión de cuentas claras y abiertas. Es nuestro dinero público, de la ciudadanía y también, de la misma forma, las cuentas han de ser también públicas, para la ciudadanía. -Establecer una ley andaluza de lobbies (o grupos de presión). Con ello, se regulará las “organizaciones de intereses” en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos o capacidad de influencia en la elaboración de normas autonómicas. Esta ley deberá establecer la preceptividad de la publicación de la agenda de trabajo de los altos cargos indicando con quienes ser reúnen, el motivo y las conclusiones de estas reuniones, así como la prohibición de las puertas giratorias, haciendo explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades Desarrollar el expediente electrónico en el ámbito de las contrataciones públicas y ejecución presupuestaria. La publicidad de estos expedientes debe ser condición de validez de los actos administrativos. -Favorecer el acceso de todas las personas a determinados datos sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control, mediante la puesta en marcha del mecanismo Open Data (Datos Abiertos). Unas instituciones de puertas abiertas debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos, puedan ser supervisadas por la ciudadanía. La información pública de una persona, jurídica o física, debe aportase a la comunidad como un dato abierto. -Facilitar la constitución de Comisiones de investigación en Parlamento sin posibilidad de veto, a petición popular cuando sea respaldada por un número de firmas suficiente, o bien por 2/5 de la Cámara. -Dotar de publicidad a la relación del patrimonio público andaluz, así como los gastos por alquiler. En este sentido se efectuará una Auditoría del patrimonio inmobiliario andaluz, para lograr una mejor reubicación y distribución más eficiente de todos los edificios públicos administrativos, iniciar la recuperación de aquellos cedidos en dudosa legalidad. Revisión de todos los contratos de arrendamiento urbano, con el propósito de eliminar al máximo los costes de arrendamiento. 4. Poner en marcha herramientas digitales de participación ciudadana e innovación democrática a. La Junta Pregunta: consultas lanzadas desde los poderes públicos para recoger opiniones y propuestas en un proceso de deliberación abierto a la ciudadanía. b. La Junta Responde: los poderes públicos se comprometen a dar respuesta en un plazo breve a consultas ciudadanas. c. Parlamento Abierto: la ciudadanía accede al material, información y datos de los que dispone el parlamento para su acción legislativa. d. La Agenda Colaborativa: por la que se accede a la información detallada de la agenda institucional y política. La ciudadanía puede proponer la inclusión de actividades en dicha agenda. 5. Auditar la gestión pública a. Auditoría de las subvenciones concedidas a empresas privadas. b. Auditoría del gasto sanitario en conciertos y concesiones a empresas privadas, priorizando las que tengan ánimo de lucro. c. Auditoría del gasto educativo en conciertos y concesiones a empresas privadas, priorizando las que tengan ánimo de lucro. d. Auditoría y evaluación de los planes de formación y empleo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de depurar responsabilidades, ofrecer transparencia y cambiar la dinámica de la resignación frente al problema del desempleo manteniendo las políticas que han funcionado y transformando en éxitos los anteriores fracasos. 8.- Certificado de solvencia laboral que limite o impida la contratación con la administración andaluza con aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan a estas condiciones precarias de trabajo, garantizando a su vez empleos públicos estables con condiciones de acceso transparentes que dan lugar a mejores resultados.