Como muestra de la repercusión que la difusión del citado informe, baste citar el reportaje publicado en el diario “El País”, de fecha 10 de junio de 2012, con el título “Pocos, pero también víctimas“.
De la lectura del informe y del reportaje se comprueba que el periodista de “El País” hace suyas las conclusiones de los “EXPERTOS” del C.G.P.J. Lo mismo sucede con otros medios de comunicación y los periodistas y columnistas que en ellos publican, que cuestionan nada o escasamente los datos falsos y conclusiones falaces facilitados por los “EXPERTOS” del C.G.P.J.
Asimismo estos datos falsos y conclusiones falaces son el soporte en el que otras instituciones basan sus acciones, causando un daño enorme a la sociedad. No sólo porque no se ataja el problema y se perjudica a las personas afectadas sino porque además se crea un aparato clientelar con el que se sostienen muchos “estómagos agradecidos”.
Así los órganos legislativos promulgan leyes que lejos de arreglar el supuesto problema no hacen sino cronificarlo y agravarlo.
Por su parte, los órganos ejecutivos y administrativos toman medidas que únicamente sirven para generar un gasto injustificado sostenido con el esfuerzo económico de todos los españoles.
Sirva como ejemplo el titular "Lo siento. Aquí solo atendemos a mujeres" del reportaje del diario “El País”.
El coste de estos datos falsos del C.G.P.J. para el conjunto de la sociedad es variado y muy grave.
En la “GUÍA DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN JUDICIAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” viene reflejado el siguiente texto: “El Grupo de Expertos/as está integrado por los/as magistrados/as, Joaquín Bayo Delgado, Cristina Cueto Moreno, José María Gómez Villora, Esther Erice Martínez, Pilar Llop Cuenca, Vicente Magro Servet y María Tardón Olmos, presidido por Inmaculada Montalbán Huertas y siendo Vocales del Observatorio, Carles Cruz Moratones y Gemma Gallego Sánchez.”. Por ello se deduce que los “EXPERTOS” autores del mencionado informe han sido los mismos.
Son numerosas las personas que, dentro del propio Observatorio, facilitan la información sesgada, en muchos casos incluso cobrando por ello, haciendo valer su supuesto conocimiento sobre la materia e incluso descalificando a todo aquel que opine de forma contraria a sus intereses. Argumentando el desconocimiento de la materia de quienes opinan de forma diferente. Llegando al extremo de exigir la realización de cursillos de especialización en la materia para poder ser “autorizados” a emitir opinión sobre la misma e incluso la aplicación del supuesto delito de “apología del maltrato machista”.